El Gobierno argentino anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las islas Malvinas, por considerar que operan sin autorización de las autoridades nacionales. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, según un comunicado de la Oficina del Presidente difundido en X.
La denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. También comprenderá a "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados" que hayan intervenido en las actividades investigadas, precisó el Ejecutivo.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 7, 2026
Según el Gobierno, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic y JHI Associates recibieron autorizaciones otorgadas por el Reino Unido para realizar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en el área. Buenos Aires sostiene que esas operaciones vulneran la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Medidas soberanas
La decisión profundiza las medidas anunciadas el pasado viernes, cuando la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas. Las actuaciones no se limitan a las compañías que operan en el área, sino que alcanzan también a accionistas y proveedores de servicios.
El endurecimiento de las acciones tiene como principal telón de fondo el avance de Sea Lion, el proyecto encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration para extraer petróleo a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Ambas compañías adoptaron a fines de 2025 la decisión final de inversión y prevén comenzar la producción en 2028. Argentina rechazó oficialmente ese paso por considerar que las firmas carecen de autorización nacional para explotar los recursos del área en disputa.
El presidente Javier Milei había anunciado el jueves una batería de medidas para intentar frenar esas operaciones. Entre ellas figura el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones y ampliar su alcance a empresas que presten servicios a las explotaciones. El mandatario sostuvo que Sea Lion constituye un peligro "concreto y urgente" para los intereses argentinos.
Un día después, el canciller Quirno advirtió que las compañías involucradas en el proyecto, incluidos proveedores de servicios financieros, logísticos, aseguradores y energéticos, deberán elegir entre participar en operaciones en las Malvinas o mantener negocios en Argentina. La advertencia cobra especial relevancia por el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales formaciones de hidrocarburos no convencionales del mundo y destino de importantes inversiones internacionales.
La ofensiva se produce, además, en momentos en los que Milei intenta reforzar internacionalmente el reclamo argentino sobre el archipiélago. La semana pasada destacó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que revisa la posición de Washington sobre la disputa y atribuyó esa posibilidad a su alianza con EE.UU. Londres, por su parte, reafirmó que su postura sobre las islas permanece sin cambios y defendió el derecho de sus habitantes a explotar los recursos naturales del territorio.
