La 'megatoma' que destapa la severa crisis de vivienda en este país latinoamericano

Más de 10.000 personas en Chile, unas 4.000 familias, se encuentran en riesgo de quedar completamente en la calle debido a que desde hace varios años ocupan de forma irregular un total de 260 hectáreas de terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, en la región portuaria de Valparaíso, en la zona central de ese país suramericano.

Esta importante cantidad de pobladores participan en la llamada 'Megatoma de San Antonio', un espacio que comenzaron a habitar en octubre de 2019, justo después del estallido social, y en meses posteriores con el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, que generó que muchas familias se quedaran sin posibilidades de mantener el pago de alquileres al no poder trabajar o no conseguir arriendos, explica la prensa local.

Esta comunidad improvisada de ocupantes, considerada como la "toma más grande" de Chile según el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se mantiene en lucha y defiende su continuidad en el lugar al argumentar que los dueños permitieron su estadía en el sitio debido a que sus intereses son vender los terrenos que son propiedad de la mencionada empresa desde 1997.

Sin embargo, en medio de la situación, la Justicia chilena a través de la Corte de Apelaciones de Valparaíso había establecido que el próximo jueves 27 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, las autoridades debían proceder a desalojar a las más de 10.000 personas, en las que hay niños y adultos mayores, sin importar a donde iban a parar una vez fueran sacados del lugar.

En pleno auge de las tensiones ocasionadas por la inminente amenaza del desalojo masivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dirigido por Carlos Montes y los dueños del terreno ubicado en el cerro Centinela, lograron establecer el lunes, "un protocolo de acuerdo" para suspender, de momento, la expulsión de los habitantes de la 'megatoma'.

De acuerdo con el reporte de la prensa local, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aplaudió la medida alcanzada entre las partes y dijo que para evitar el desalojo arbitrario, las miles de familias deberán "comprar el terreno" y "postular como cualquier ciudadano a los subsidios del Estado. Esa es la solución". Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, también destacó las labores del Estado para "destrabar el inminente desalojo" que se iba a ejecutar este 27 de febrero.

¿Qué acordaron las partes?

Uno de los puntos destacados del acuerdo es concretar la conformación de una comisión técnica integrada por un representante de los dueños de la propiedad, el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Antonio.

Un comunicado del Minvu indica que para resolver este problema "se establecerá una Comisión Técnica" conformada, preferiblemente, por profesionales del área de la construcción, e integrada por un representante de los propietarios del terreno, uno del Minvu, y otro de la Municipalidad de San Antonio.

Dicha comisión "reportará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías. En el caso de no lograr acuerdo, la Comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo antes referido", añade el texto.

En complemento a estas medidas, este mismo 25 de febrero, se entregará en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el acuerdo para informar al tribunal sobre las bases del tratado y así lograr que se suspenda el desalojo masivo.

Previo a esta situación, los habitantes de la 'megatoma' habían expresado su descontento porque el Estado les pretende imponer la medida de que compren los terrenos a través de cooperativas, una situación que ellos alegan que no pueden realizar porque son familias pobres y con eso los obligan a endeudarse porque ni siquiera tienen dinero para pagar alquileres.

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Reformar el Estado burgués y la Constitución "neoliberal"

Ante esto, el exalcalde de Recoleta, excandidato presidencial y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, comentó en su programa 'Sin Maquillaje' que transmite en Youtube, que las acciones judiciales contra las personas que habitan el cerro Centinela, se fundamentan en que las instituciones chilenas funcionan bajo el manto "neoliberal" de la Constitución vigente, diseñada por la dictadura de Augusto Pinochet.

"Todos los problemas de Chile tienen el mismo origen, una Constitución pinochetista, neoliberal, con instituciones neoliberales, basadas en una constitución hecha por los 'Chicago Boys' y los adalides de la globalización neoliberal en Chile, de la mano de la Universidad Católica", responsable de instalar ese modelo económico y político excluyente de los pobres.

Entre tanto, Jadue calificó la medida de desalojo como "una brutalidad" y "una tragedia" que solamente ocurre cuando el Estado no tiene recursos suficientes para sustentar políticas habitacionales, hecho que en sí mismo evitarían las tomas de espacios públicos y privados para las personas que no tienen donde dormir y se ven obligadas a estar en la calle.